“Transformó un humedal maloliente en una ciudad moderna y progresista”.

Así resumía recientemente un periódico hondureño el legado político de Marlon Lara, un joven alcalde al frente del municipio de Puerto Cortés desde 1994. Y aunque “humedal maloliente” podría ser una metáfora para varios problemas sociales, el periódico se refería, literalmente, a los proyectos de agua y saneamiento que han sido emblemáticos de la administración de Lara.

Cuando Lara ganó su primer mandato, Puerto Cortés estaba en una especie de crisis sanitaria. La situación geográfica de la ciudad siempre había propiciado condiciones insalubres. Las principales secciones comerciales y residenciales de la ciudad están construidas sobre una península pantanosa apenas por encima del nivel del mar. Siempre abundaron el lodo y los charcos de agua estancada. Las fosas sépticas solían llenarse con agua salada y desbordarse durante las tormentas, esparciendo un hedor pestilente por la ciudad. La diarrea y otras enfermedades transmitidas por mosquitos o aguas sucias estaban fuera de control.

Unas semanas antes de las elecciones municipales de noviembre de 1993, el huracán Gert destruyó las instalaciones que extraían el agua del río Tulián, la única fuente de agua para la ciudad. El servicio de agua dejó de funcionar durante varios meses. Ni siquiera los barcos que atracaban en el puerto de la ciudad, uno de los más importantes del Caribe, podían reabastecerse de agua.

“La gente tuvo que llenar tanques en el río y llevárselos a casa”, recuerda Alan Ramos, hoy al frente de Aguas de Puerto Cortés, una empresa mixta supervisada por el municipio. “El agua era el principal problema cuando Lara fue elegido”.

En lugar de prometer una solución a corto plazo, Lara decidió atacar el problema de raíz. El alcalde y sus asesores creían que los problemas de agua y saneamiento del municipio se debían a la mala administración por parte de la agencia nacional que dirigía estos servicios desde la sede en Tegucigalpa. Estaban convencidos de que se podía lograr una mejora radical de los servicios, siempre y cuando tuvieran el control total de sus finanzas y operaciones. De manera que pidieron al gobierno que transfiriera al municipio la propiedad y gerencia de dichos servicios. La agencia nacional de aguas resistió la propuesta pero, después de tres años de negociaciones y un período de control provisional, Puerto Cortés obtuvo el control total.

Mientras que aguardaba la transferencia, Lara recabó y obtuvo financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para construir nuevas tomas de agua en el río Tulián, proteger el bosque de la cuenca del mismo, instalar mejores sistemas de purificación y reconstruir la red de tuberías y bombas de agua. En 1997, los servicios de agua no sólo funcionaban mejor que antes, sino que alcanzaban a un 80 por ciento de la población, el doble de nivel de cobertura que en 1993.

Obdulio García Carías, director del Hospital de Área Número 3, el principal centro de salud del municipio, asegura que la mejora del servicio de agua ha tenido un impacto apreciable en la salud pública. “Aquí la diarrea era la principal causa de enfermedad”, dice. “Hoy, ocupa el quinto lugar”.

Hora de pagar. En vez de tomar ventaja de las mejoras en los servicios, Lara tomó una serie de medidas adicionales que podrían haberse calificado como suicidio político. Permitió que la empresa de agua duplicara la tarifa y anunció que habría más aumentos en el futuro, para mantenerse a la par de la inflación y para cubrir los costos anticipados de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario. También dejó claro que quien no pagara sus facturas sería desconectado del servicio de agua. Y por último permitió que el servio de agua lanzara un programa para instalar medidores de agua en cada residencia, comercio e institución pública.

Las medidas fueron anunciadas durante una serie de encuentros con los ciudadanos en los que Lara personalmente explicó la naturaleza de los problemas sanitarios del municipio y la necesidad de generar ingresos para resolverlos. Algunos consumidores se expresaron en contra de este argumento, y el tema se convirtió en el foco de la campaña para su primera reelección. (Vea enlace a la derecha “El maldito medidor”).

Pero al final, casi todos los 54.000 habitantes de la ciudad aceptaron los aumentos y los medidores sin protestar. Ana Isabel Cantón, una periodista de radio local cuyo programa antes recibía múltiples llamadas de oyentes sobre problemas relacionados con el agua, asegura que los consumidores decidieron aceptar los aumentos porque apreciaban las mejoras que ya se habían logrado en el servicio.

“Después del gustazo viene el trancazo”, comenta Cantón, utilizando una expresión del lugar. “Si usted ofrece un buen servicio la gente está dispuesta a pagarlo”, agrega. “Y la prueba es que hoy apenas recibo llamadas de gente con problemas de agua”.

Algunos observadores opinan que las mejoras de los servicios se deben en parte a la manera en que Puerto Cortés decidió reorganizar sus servicios de agua y saneamiento. Con el fin de evitar interferencias políticas y garantizar la administración más eficiente, el municipio creó Aguas de Puerto Cortés, una empresa de “capital mixto”. El municipio es propietario de toda la infraestructura y la arrienda a la empresa, la cual opera los servicios de agua y alcantarillado bajo un contrato que estipula resultados específicos. Aguas de Puerto Cortés le paga una “renta” al municipio, y estos fondos son utilizados para pagar los préstamos que financian las mejoras en la infraestructura. Un comité regulador independiente, nombrado por el municipio, monitorea a la empresa para asegurar que cumpla con los compromisos adquiridos.

“Este modelo ofrece un equilibrio entre la operación pública y privada que ha sido exitoso en varios otros países de América Latina y el Caribe”, dice Chris Jennings, especialista en saneamiento del BID quien trabajó con el municipio. Al retener el control de los activos de la empresa, el municipio ha eludido las críticas que típicamente acompañan las privatizaciones. Pero al crear una empresa autónoma, se ha logrado asegurar que los servicios de agua y alcantarillado se manejen según sólidos principios financieros y de gerencia, y sin interferencias políticas, explica Jennings.

“En vez de entregarle el servicio al sector privado, la municipalidad decidió que su propio operador debería funcionar como una empresa privada”, dice Jennings. Aunque nadie sabe si Aguas de Puerto Cortés seguirá funcionando según estas intenciones después de que Lara abandone su cargo, la empresa ya ha sentado un precedente positivo de que un servicio público puede pasar a la gerencia independiente, sin provocar los enfrentamientos políticos y sindicales que han frustrado a muchas otras ciudades.

Ahora, el saneamiento. El aspecto más audaz de la visión de Lara, sin embargo, es el del alcantarillado sanitario. La mayoría de las ciudades latinoamericanas vierte las aguas servidas directamente en los ríos, lagos y océanos. Pero en Puerto Cortés la población es muy consciente de las consecuencias de esta práctica. Además del hedor provocado por el desbordamiento constante de las fosas sépticas, los residentes tienen el recordatorio constante de laguna de Alvarado. Años atrás, este estuario detrás de la península de Cortés abundaba en peces y moluscos y servia como balneario. Hoy, gracias al flujo de aguas negras de la ciudad, la laguna está tan contaminada que casi no soporta vida acuática alguna.

Hace tiempo que Lara convenció a sus conciudadanos de que el municipio necesitaba construir un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. En 1998, Lara contactó al BID y logró un préstamo por 14 millones de dólares (posteriormente aumentado a 18 millones de dólares) para financiar el proyecto. El Banco requirió garantías de que las tarifas serían adecuadas para cubrir el costo de pagar este préstamo, que está denominado en dólares. En consecuencia, es probable que las tarifas de agua en Puerto Cortés vuelvan a aumentar este año.

¿Aceptará la gente este aumento por un servicio que aporta beneficios menos tangibles que los del agua potable? Está por verse. Pero hay señales de que muchos residentes lo considerarán un precio justo. Yolanda del Cid, presidenta del patronato del Barrio La Curva, dice que la gente ya gasta mucho dinero en el alcantarillado.

“Por aquí puede costar unas 30.000 lempiras (1.600 dólares) construir una fosa séptica, y solo funciona bien durante cinco años”, explica del Cid. Para entonces, el agua que se filtra por el suelo llena la fosa y hay que construir una nueva. En consecuencia, del Cid y muchos de sus vecinos sienten urgencia por conectarse a la nueva red de alcantarillado, y ella asegura que todos pagarán con gusto el sobrecargo en su factura del agua.

Ciudades sedientas

Por Paul Constance

El acceso al agua potable y a los sistemas de alcantarillado es hoy un problema crítico en toda América Latina y el Caribe, pero sobre todo en las ciudades de la región. Presionados ya por décadas de crecimiento acelerado, los sistemas de agua en muchas ciudades están a punto de colapsar. Plantas potabilizadoras envejecidas, tuberías rotas, acuíferos agotados y fuentes contaminadas hacen aún más difícil satisfacer adecuadamente la creciente demanda. Mientras tanto, decenas de millones de personas en zonas urbanas marginales aún carecen de los más básicos servicios de agua y alcantarillado.

Un reciente estudio del BID estima que sólo en México y América Central los gobiernos necesitarán invertir 23 mil millones de dólares en la próxima década si quieren alcanzar uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, de reducir por la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable para el año 2015. En Sudamérica, se necesitará invertir decenas de millardos de dólares adicionales.

Lamentablemente, agua y saneamiento deben competir con otras prioridades de gasto público. Grandes compañías privadas que mostraron considerable interés en el sector de agua de América Latina a comienzos de los años noventa, se han vuelto mucho más renuentes a invertir en la región. En pocas palabras, no hay soluciones rápidas cuando se trata de obtener los fondos necesarios.

En este contexto, los gobiernos municipales deben estar dispuestas a adoptar enfoques más flexibles y menos ortodoxos para poder financiar los servicios de agua y saneamiento. Algunas ciudades de la región vienen haciendo precisamente eso. En números anteriores, BIDAmérica ha informado sobre innovadores proyectos para el sector de agua que se realizan en Puerto Príncipe (Haití), Buenos Aires, Quito y Guayaquil (vea enlaces a la derecha). En el presente número visitamos San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, donde una compañía privada viene mejorando con éxito el servicio de agua bajo un programa de concesión, a pesar de una considerable controversia.

El próximo mes incluiremos un reportaje sobre Puerto Cortés, una ciudad portuaria económicamente crucial en Honduras, donde un alcalde muy emprendedor ha revolucionado el sector de agua y saneamiento enfatizando la obligación que tiene cada ciudadano de pagar por lo que consume.

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