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El abordaje que las agencias estatales han hecho respecto de la "inseguridad" en Latinoamérica, y muy especialmente en la Argentina, importa, en sustancia, un reduccionismo que parte, en casi todos los casos, de asimilar la inseguridad a la criminalidad. Esta particular e intencionada simplificación, por ende, ha connotado tan sólo uno de los aspectos desde los que, epistemológicamente, podría referirse la relación seguridad/inseguridad: la que se circunscribe al "miedo al otro", que se ciñe a la mera posibilidad de ser víctima de un delito y que se sostiene en base a un imaginario colectivo construido a partir de la idea de que la sociedad está habitada por una multitud de sujetos peligrosos y desviados, contra los que hay que acometer "antes que nada ocurra"(1). En otros términos, sobre el "miedo al delito". Esta visión sesgada no configura únicamente un yerro analítico, sino que se nutre de contenidos ideológicos precisos y es uno de los productos culturales hegemónicos en el marco de la nueva relación de fuerzas sociales imperante, que es necesario remover imperiosamente porque deriva -en un último plano analítico de la inseguridad- en la utilización o manipulación del miedo como elemento de dominación y control social(2). Por lo tanto, cualquier estrategia de gestión estatal debería considerar prioritariamente la rediscusión de la concepción de la inseguridad y las formas que la misma asume en el país, y establecer inmediatamente dispositivos eficientes de prevención del delito. En este contexto debe entenderse las presentes propuestas, formuladas para operar en el corto, mediano y largo plazo, la que debe completarse con una fuerte tendencia a revertir la selectividad de los procesos de criminalización (primaria y secundaria).

Es importante destacar además un dato comparativo por cierto no menor: mientras el "miedo al delito" ocupa el centro de la agenda social en la Argentina, la edición 2002 de la Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña señala las diferentes formas que la inseguridad asume para los habitantes de esa región, advirtiéndose allí que la criminalidad convencional en modo alguno excluye ni desplaza la preocupación ciudadana por otras incertidumbres tanto o más relevantes, tales como la pérdida del empleo, de la vivienda, de la salud o factores asociados a terceros, como por ejemplo la negligencia médica, el envenenamiento y el deterioro del medio ambiente, en tanto realidades propias de la modernidad tardía. Esta misma encuesta revela, además, que una mayoría abrumadora de ciudadanos de Cataluña intuye, paradójicamente, que el incremento de los delincuentes en prisión aumentará sus problemas y su inseguridad, al igual que la instalación de cárceles cercanas a sus lugares de residencia(3). Es menester entonces dar una discusión sostenida desde el Estado reivindicando la amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente en el marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el capitalismo tardío marginal depara. La convalidación de una percepción reaccionaria de la "inseguridad" únicamente se comprende a partir de una declinación en el plano del discurso, cooptado y rellenado a su conveniencia por los sectores más conservadores de la sociedad.

En rigor de verdad, y previo a toda otra consideración, es conducente partir del supuesto de que la inseguridad humana, es genéricamente constitutiva de un concepto mucho más amplio que el que de aquella manera se le asigna. Se trata de una noción abarcativa que se apoya en la pérdida creciente de capital social. Y podría definirse como la imposibilidad de los individuos de ejercer la variedad de opciones disponibles para incidir en su propio destino de manera segura y libre, ante la desconfianza de que las oportunidades de que dispone en el presente no desaparecerán en un futuro(4). En consecuencia, la "seguridad" debería entenderse como una construcción permanente y dinámica de la vida cotidiana, que resulta de ordinario amenazada por inseguridades diversas, una de las cuales -aunque no la única por cierto- la constituye la delincuencia. Otras formas de inseguridad podrían estar configuradas, como dijimos, por factores tales como el desempleo, las enfermedades, la exclusión, la injusticia, la marginalidad social, la falta de previsión, la inexistencia de sueños colectivos, la creencia generalizada de que ya no se vive en un mundo justo, el descreimiento masivo y la idea de que "ya nada dura para siempre" y que "no hay futuro" (que resulta la expresión emblemática y a la vez trágica de las nuevas sociedades postmodernas de la periferia y constituye una causal determinante respecto de la generación de conductas desviadas, sobre todo por parte de jóvenes excluidos). Sin embargo, ninguno de estos múltiples conceptos integradores de un concepto amplio de la "inseguridad" han activado de la misma manera los reflejos de un Estado inerme que ha convalidado el tránsito hacia sociedades inéditamente asimétricas, fragmentadas e indecentes que toleran la humillación histórica de sus ciudadanos(5) y, lo que es peor, en gran medida la fomentan y en muchos casos directamente la custodian. Por lo tanto, el cercenamiento de una categoría analítica de tal magnitud, no pudo sino conducir recurrentemente a una aporía científica que ha redundado en estremecedoras respuestas en términos de política criminal, generalmente legitimantes de la barbarie neodarwinista hegemónica en lo que concierne a las modernas cruzadas de "limpieza de clase" o "extirpación del desviado", efectuadas todas ellas en nombre de la "seguridad"(6) y el "orden" añorado; nociones que se confunden adrede cuando se ofrece demagógicamente una batería de medidas que apuntan en realidad a la obtención a cualquier costo de un "orden" cuestionable, aunque se exhiban como dirigidas a la afirmación de la "seguridad". Por eso es que, con este panorama, cualquier estrategia holística de política criminal en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, debería contemplar seriamente los instrumentos para limitar de inmediato el impacto social de la "inseguridad", tal como la misma es percibida actualmente por la mayoría excluyente de la población. Esto es, como "una respuesta emocional de nerviosismo o ansiedad al delito o símbolos que la persona asocia con el delito"(7), que probablemente enmascara una percepción -más o menos difusa- de los no pocos riesgos e inseguridades de otra índole que se abaten sobre los argentinos, pero que igualmente debe ser abordada de inmediato.

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