J.V, Washington
El televangelista Pat Robertson, presidente de Coalición Cristiana, el poderoso grupo de presión de la extrema derecha republicana, ha reabierto en Estados Unidos el debate sobre la conveniencia de abolir la legislación que prohíbe al Gobierno y los servicios secretos de la superpotencia asesinar a rivales internacionales como el terrorista saudí Osama Bin Laden o jefes de Estados como el yugoslavo Slobodan Milosevic, el iraquí Sadam Husein o el cubano Fidel Castro. "Creo que liquidar a ese tipo de gente es lo más inteligente y barato, y no veo que ello vaya en contra del cristianismo", dice Robertson en la última edición de su programa televisivo 700 Club .

"Sé que suena algo maquiavélico y diabólico, pero creo que lo mejor sería enviar un comando para eliminar a Bin Laden, el jefe de Corea del Norte, Milosevic o Sadam", dice el televangelista. "Así nos ahorraríamos millones de dólares en guerras que dañan a civiles inocentes y destruyen la infraestructura de un país". Los comentarios de Robertson, que fue candidato presidencial republicano, han recibido la inmediata réplica de Barry Lynn, director ejecutivo de la Asociación Americana para la Separación de las Iglesias y el Estado. "En mi Biblia", dice Lynn, "Jesús no dice nada acerca de asesinar a jefes de Estado. Quizá deberíamos poner los Diez Mandamientos en la oficina de Robertson".

Pero la opinión de Robertson tiene peso en Estados Unidos. El senador republicano Chistopher Bond lleva un año promoviendo una campaña para que sea abolida la orden ejecutiva de 1976 que prohíbe a las autoridades norteamericanas participar en "conjuras para promover el asesinato político". La ley fue aprobada después de que el Congreso sacara a la luz los múltiples intentos de asesinato de Castro promovidos por la CIA en los años sesenta, incluso con la complicidad de la Mafia. "Una bala disparada contra Hitler en su debido momento hubiera salvado millones de vidas", argumenta el senador Bond.

Ford y Carter

La orden ejecutiva fue firmada bajo la presidencia de Gerald Ford y reforzada por su sucesor, Jimmy Carter. "Ninguna persona empleada por el Gobierno de EE UU o actuando en su nombre debe implicarse, o conspirar para implicarse, en asesinatos", dice su texto. Pero los atentados terroristas de agosto de 1998 contra Embajadas norteamericanas en África abrieron la polémica sobre la conveniencia de mantener este principio.

El Comité de Asuntos Judiciales del Senado celebró, el pasado octubre, una sesión oficial para discutir sobre la abolición de la orden ejecutiva. Louis Freeh, director del FBI, fue preguntado sobre la posibilidad de aplicar una exención de esa orden al caso de Bin Laden. Freeh respondió proclamando su seguridad en que la orden ata las manos de los servicios secretos de EE UU en lo relativo a eliminación de jefes de Estado. Pero dijo tener dudas sobre si eso se aplica también a terroristas.