El tráfico de inmigrantes será penado con seis años de cárcel
MADRID. M. I. S.
Modificar el Código Penal para incluir el delito específico de tráfico de personas con penas que podrían llegar a los 6 años de cárcel, es otro de los objetivos de la reforma de la Ley de Extranjería. La propuesta también cuenta con el consenso, al menos verbal, de los grupos políticos. La única pega, para ésta y el resto de las mejoras de la reforma legal, es que dé tiempo a aprobarlas en esta legislatura.
«Si las Cortes no se disuelven en el año 99, la nueva Ley de Extranjería sale adelante», ha manifestado el diputado popular Diego Jordano, convencido de que las mejoras en la legislación española para los inmigrantes podrán estar en vigor con el nuevo milenio. Una de esas mejoras, no reflejada todavía en el borrador pero que cuenta con el acuerdo verbal de los grupos políticos, es la modificación del Código Penal para incluir un delito específico de tráfico de personas. El Código Penal en vigor «lo que sanciona -dice Jordano- es el tráfico de personas cuando hay una relación laboral entre quien trafica y el inmigrante. Si no existe esa relación laboral no hay delito. Por eso, se trata de establecer un delito específico que sancione a aquellos que se dediquen a traficar con personas mediante precio, claro. Es decir, quien conduce una patera, o un camión, quien ha cobrado a las personas que transporta y trafica con ellas, cometería el delito. Podría equipararse a determinados supuestos de tráfico de drogas o a cualquiera de los delitos contra la dignidad de las personas».
DENUNCIAR LA ILEGALIDAD
El acuerdo incluye proponer penas entre los dos y los seis años de cárcel. La medida iría ligada a la otra posibilidad: la que tiene la víctima de denunciar la situación y, por tanto, obtener una serie de ventajas con la denuncia. Este último asunto queda establecido en al artículo 41 de la reforma de la Ley de Extranjería: «El extranjero que haya cruzado la frontera española fuera de los pasos establecidos y se encuentre ilegalmente en España por haber sido víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, o de tráfico ilícito de mano de obra, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico».
TARJETA SANITARIA
Entre las mejoras de la reforma está, además, la tarjeta sanitaria que hasta ahora, y de forma transitoria, sólo se otorga a los menores. A juicio de Jordano «no se pueden dar tarjetas sanitarias innominadas. El elemento de unión va a ser el empadronamiento. En el momento en que los ayuntamientos cuenten con un padrón específico de ciudadanos extranjeros en sus términos, se podrán conceder toda una gama de derechos. Estamos dando vueltas jurídicas al asunto para poder hacer realidad el concepto de extranjero avecindado porque es entonces cuando sabemos que necesita vivienda, educación, sanidad, servicios sociales ... Es decir, una verdadera política de integración».
Habrá un proceso de regularización, que elaborará el Gobierno mediante decreto, para los inmigrantes «irregulares», que no ilegales. Se aplicará a quienes estaban en territorio español antes del 1 de junio o el 1 de julio pasados si reúnen una serie de requisitos. Por ejemplo, haber solicitado alguna vez entrar en el contingente aunque se lo hayan rechazado o que hayan tenido un permiso de trabajo. La medida podría beneficiar a unas 60.000 personas.
MÁS ALLÁ DE LA CONSTITUCIÓN
La reforma legislativa reconoce, además, una serie de derechos básicos laborales (incluida la prestación por desempleo), sanitarios, educativos y de vivienda, algunos de los cuales sólo están previstos en la Constitución para los españoles.
La principal duda es si dará tiempo a que la reforma de la Ley de Extranjería, de 1985, se apruebe dentro de esta legislatura. PP y CiU están convencidos de que así será. El PSOE, aunque entra en el consenso, ve «razones electoralistas» y «altas dosis de hipocresía».