Corrupción, esa asignatura pendiente

Endémica, diversificada, la mayoría de los países latinoamericanos se lleva la materia a examen. Con la excepción de Chile, la única nación bien posicionada en el ranking elaborado por Transparencia Internacional, el resto no levanta cabeza en una cuestión prioritaria si se pretende salir del estancamiento y alentar el desarrollo y el crecimiento. La corrupción política y económica afecta la estabilidad y la democracia, y hace que la población descrea de sus líderes y en la posibilidad de alcanzar la igualdad y equidad. Muchos gobiernos han sido denunciados y están investigados en estrados judiciales. Pero la corrupción se alimenta de otro mal: la impunidad. Se trata --al fin-- de que los poderosos, como ocurre con la gente común, sientan el peso de la ley si incumplen con su responsabilidad.

Sin un compromiso de todos no habrá derrota

El mal es viejo e increíblemente una y otra vez encuentra recursos y mecanismos para perpetuarse. Requiere casi siempre de flaquezas internas, pero también de ayuda externa para que éstas (las flaquezas) se produzcan. Así, la sucesión de hechos de corrupción ocupa las primeras planas de los medios de comunicación; llega a provocar la caída de gobiernos y el alejamiento de funcionarios; desestabiliza la democracia y, sin embargo, nunca terminan de ser erradicados.

Concesiones otorgadas mediante el pago de sobornos; preferencias para la distribución de cargos con vuelto incluido; desmantelamiento de los sistemas de control y auditoría; beneficios futuros por contribuciones a campañas electorales, además de enriquecimiento ilícito, cuando no de lavado de dinero, y malversación de dineros públicos son algunos de los males arraigados en la cultura política vernácula.

Casi no hay país del mundo que esté a salvo, aunque en algunos el problema no está tan dimensionado como en otros, porque funcionan los instrumentos de pena y castigo y la premisa tan esquiva de que "todos son iguales ante la ley", tiene su razón de ser.

Mal parados deja el Informe Mundial sobre Corrupción 2002 elaborado por Transparencia Internacional especialmente a los países de América del Sur, que para la entidad sigue siendo "una de las regiones más --si no la más-- corruptas del mundo", como ya lo había advertido en su informe 2001. La percepción negativa alcanza también a América Central, México y el Caribe.

El informe realizado por esta organización no gubernamental dedicada a evaluar y combatir la corrupción política y hacer consultas a empresarios privados de un centenar de países, considera que la pésima situación que atraviesan las naciones sudamericanas en la materia se debe, en parte, a la grave crisis económica y social que padecen, como también al rechazo popular a los líderes políticos.

"El persistente azote de la corrupción nutrió las raíces de este descontento", sostiene el organismo, para el cual, de todos modos, se han registrado avances en esta lucha por parte de la sociedad latinoamericana en su conjunto.

La corrupción moviliza anualmente 600 mil millones de dólares, cifra estimada como el total de comisiones pagadas en contratos públicos, compras de armas, sobornos a jueces y autoridades políticas y facilidades al narcotráfico. Para TI, empresas belgas, francesas, italianas, holandesas y coreanas serían las más susceptibles de ganar contratos sobornando a funcionarios de otros países. Por su parte, funcionarios públicos de Nigeria, Bolivia, Colombia, Rusia, Pakistán, México, Indonesia, India, Venezuela y Vietnam "estarían entre los más sensibles a aceptar sobornos".

Hay que tener en cuenta que la última calificación se establece en base a datos que vienen de arrastre, como es el caso de la Argentina, que ha descendido algunas décimas de su posición anterior --de 2,8 en 2001 a 2,5 en 2002--. El actual gobierno que encabeza Néstor Kirchner asumió el poder en mayo último, en tanto que la escala aportada por Transparencia, para el capítulo sudamericano, se dio a conocer en enero pasado.

Para la ONG es rescatable la puesta en marcha de varias iniciativas para frenar el flagelo tanto en México, como en algunos países centroamericanos y caribeños, entre los que destacó a Costa Rica, pero señaló que crecen las denuncias sobre manejos espúrios en Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Puerto Rico.

Con el mejor posicionamiento de Chile (7,4), la tabla muestra los déficit que todavía acarrean Paraguay, Perú, Bolivia (que en estos momentos está sacudida por una revuelta popular que se opone a los intereses derivados de la exportación del gas) y Venezuela, para lograr transparentar las acciones de gobierno y hacer que la población despeje dudas acerca del destino del dinero de todos.

Mientras que ponderó las acciones implementadas en Brasil, indicó que evaluaciones realizadas en Colombia por el Banco Mundial revelaron que prácticamente en el 50 por ciento de los contratos de los privados con el Estado, "se pagaron sobornos".

Mal habidos

Sorborno fue una palabra que recorrió de palmo a palmo los años noventa en la política argentina. Venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador; contrato informático de la multinacional IBM con el Banco Nación y la DGI (Dirección General Impositiva) mediante coimas y sobreprecios; los denominados Yoma-gate (lavado de dinero proveniente del narcotráfico), Swiff-gate (pedido de coimas para el negocio de la carne), más las irregularidades en el otorgamiento de concesiones de servicios públicos y desmantelamiento del aparato productivo estatal involucraron al ex presidente Carlos Menem (quien estuvo preso durante seis meses) y a un centenar de funcionarios de primer y segundo nivel, legisladores y jueces durante su gestión, algunos de los cuales mantienen causas abiertas con la justicia y están procesados (ver nota sobre María Julia Alsogaray).

El gobierno que le siguió, presidido por Fernando de la Rúa, soportó denuncias gravísimas por el presunto pago de coimas a legisladores con dineros provenientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para la sanción de una ley de reforma laboral, investigación que se impulsó desde la propia Sigen (Sindicatura General de Empresas Públicas) que entonces presidía el actual canciller Rafael Bielsa.

La gente tiene la percepción de que cuando el delito es de "guante blanco" nada se penaliza verdaderamente. Y que hagan lo que hagan quienes ostentan porciones de poder tampoco enfrentarán la justicia y, si lo hacen, luego las causas serán desactivadas, los responsables sobreseídos, los delitos prescriptos y sólo en contadísimas ocasiones alguien pagará por lo que hizo. De devolver lo robado, ni se habla.

A propósito, el analista mexicano Eduardo Bueno León considera que el problema de la corrupción en América Latina socava las bases de la legitimación del sistema político y su clase dirigente, precisamente por lo que se sostiene más arriba: los delitos que dejan sin sanción a delincuentes de cuello blanco, militares y políticos de lustre.

"No debe permitirse de una vez por todas que la corrupción consentida sea un mecanismo de estabilidad política, con el cual el poder asegura lealtades y complicidades", sostiene el experto, quien ante la corrupción reclama respuestas rápidas y no sólo de una legislación ad hoc.

"Debe considerarse la corrupción como un obstáculo para el desarrollo y las inversiones. Como el factor desestabilizante más peligroso para nuestros sistemas políticos. Y debe sancionarse la corrupción privada con la misma firmeza con la que se actúa frente a la corrupción pública. El binomio tecnocracia-empresarios debe ser auscultada con lupa. La transparencia en las ofertas públicas y transacciones privadas debe ser un objetivo compartido entre el Estado y la sociedad civil", aseguró.

Como ejemplo de "redes cleptocráticas del poder" que han traspasado a la sociedad y el mal ejemplo de la clase dirigente que ha contaminado la conducta pública de los ciudadanos, Bueno León cita el caso de Perú y México. "Este comportamiento basado en la sospecha, el zarpazo y el aprovechamiento ajeno es sumamente pernicioso para el desarrollo de una cultura cívica democrática", concluyó el analista.

Esta óptica es compartida por Shajid Javed Burkia, experto anticorrupción del Banco Mundial, quien sostiene que es preciso asignar un nuevo papel al Estado y promover un cambio en el paradigma de gobierno. "Como la corrupción ha sido parte integrante de la actuación estatal en muchos países, sería imposible remodelar el Estado si persiste esa lacra", dijo, y agregó que al poner en marcha esa reformulación "las iniciativas de reforma perderán eficacia y los países continuarán pagando el enorme costo social y económico impuesto por la corrupción".

El panorama es complejo pero hay síntomas favorables: la mayor eficacia de la prensa, el rápido flujo de la información y una acción decidida de la sociedad civil pueden ser el talón de Aquiles para la corrupción. La propia Transparencia Internacional estima que con esas cartas echadas "los corruptos se están quedando sin lugares donde esconderse". El escondite, hasta ahora, era un salvoconducto imprescindible. *

Un emblema

Es uno de los rostros que mejor definen a la Argentina pasada. De extracción liberal y adherente a varios gobiernos de facto donde su padre fue gestor y luego funcionario, la ingeniera María Julia Alsogaray es una de las máximas referentes de los años del menemismo y el neoliberalismo en el poder. Liquidadora de la ex empresa estatal de Teléfonos (ENtel), que fue vendida a precio vil a consorcios extranjeros y de la acería Somisa, la principal del país, Alsogaray fue durante la presidencia de Carlos Menem, además, secretaria de Medio Ambiente.

En diez años la ingeniera que hoy pasa sus días en una cárcel vip de la Gendarmería por presunto enriquecimiento ilícito y pago incorrecto de facturas a privados, cosechó una fortuna que le permitió, entre otras cosas, acceder a un petit hotel en el exclusivo barrio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, y a dos lujosísimos departamentos frente el Central Park neoyorkino que figuraban a nombre de un hijo menor de edad. Tarjetas de crédito con suculentos gastos mensuales imposibles de afrontar con el salario de la administración pública y otras frivolidades, como su mejoramiento exterior y un guardarropa de primera línea la pusieron en la mira de la prensa primero y la justicia después. A esta última tendrá que dar explicaciones por su patrimonio personal; sobre el patrimonio público enajenado es posible que nadie le pregunte nada. *

TI: quiénes la integran

Catorce organizaciones de la sociedad civil dan cuerpo a la red de Transparencia Internacional en Latinoamérica y el Caribe (TILAC). De esas catorce organizaciones nueve son ONG inde- pendientes y autónomas respecto a sus programas y financiación pero comprometidas con los principios de TI; es decir, no investigan casos particulares, se mantienen independientes de la política partidaria y trabajan en coalición con diferentes sectores. Estas organizaciones conforman los denominados Capítulos Nacionales que, según Transparencia, constituyen el "corazón del movimiento global" porque son las que diseñan, promueven y hacen el seguimiento de las estrategias contra la corrupción en sus propios países.

Entre las organizaciones que forman parte de la red de TILAC en la región están: Poder Ciudadano (Argentina); Transparencia Brasil; Chile Transparente; Transparencia por Colombia; Transparencia Internacional Costa Rica; Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (Ecuador); Acción Ciuda- dana (Guatemala); Transparencia México; Etica y Transparencia (Nicaragua); Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (Panamá); Transparencia Paraguay; Proética (Perú); Uruguay Transparente y Mirador Democrático (Venezuela). *

Nada es posible en materia de combate contra la corrupción si la Justicia mira para otro lado. Esto es más que sabido en la Argentina. Con el descrédito de la Corte Suprema --varios de cuyos miembros convalidaron el proceso político-económico poco claro del menemismo--, hoy con su presidente Julio Nazareno renunciado para evitar el juicio político y otro, Eduardo Moliné O'Connors, en proceso de ser destituido, le queda a la Justicia Federal, aquella que debe investigar, acusar y castigar a funcionarios y administradores cuando hay denuncias en su contra, llevar a cabo la necesaria renovación.

En tiempos del ex presidente Menem se hablaba con bastante desparpajo de "la servilleta" para ejemplificar a los jueces que el gobierno consideraba amigos. Muchos de los integrantes de la lista que había anotado en una servilleta el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, a la hora de recibir denuncias y llevar a buen término las investigaciones se acordaron de los favores recibidos y prontamente las causas quedaron en la nada.

La diputada Graciela Ocaña (ARI) solicitó al gobierno que impulse la aprobación de la ley de acceso a la información pública y que la Oficina Anticorrupción realice una auditoría de las causas por corrupción. *

La franja que va de 3,9 a un punto del ranking elaborado por Transparencia Internacional está ocupado por varios países latinoamericanos.

Entre ellos se destacan:

Perú: con la detención de Vladimiro Montesinos, el ex hombre fuerte y de inteligencia del presidente Alberto Fujimori (exiliado en Japón) empezó a destejerse la trama del mayor caso de corrupción que vivió este país, descubierto en 2000. Fujimori, el ex presidente del Consejo de Ministros y ex titular del Congreso Víctor Joy Way, como también el ex jefe de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza afrontan procesos por enriquecimiento ilícito. Unas 1.300 personas aparecen involucradas según TI en 240 procesos iniciados en Perú a raíz de esa gestión de gobierno.

* Colombia: con la denuncia de que más del 50 por ciento de los negocios entre el Estado y los privados se hacen con sobornos, casi un centenar de policías fueron acusados de malgastar dos millones de dólares de la ayuda entregada por EE.UU. para la lucha contra el narcotráfico; un coronel de esa fuerza fue acusado por la construcción de un edificio valuado en más de tres millones de dólares.

* República Dominicana: ex funcionarios son investigados por irregularidades durante la gestión del ex presidente Leonel Fernández por constituir "una asociación de malhechores" que presuntamente malversó 83 millones de dólares por medio del Programa de Evaluación Mínima de Empleos.

* Guatemala: el país soportó una seria denuncia de parte de EE.UU. por presunta vinculación de fuerzas destinadas al control de drogas con narcotraficantes y motivó el desmantelamiento de la policía antidrogas. Funcionarios de alto rango, como el presidente Alfonso Portillo fueron acusados de tener cuentas bancarias en Panamá y de la radicación de empresas para el lavado de dinero proveniente de fondos públicos, aunque la Fiscalía afirmó que faltaban pruebas para llevar adelante la investigación.

* Nicaragua: con denuncias contra el ex presidente Arnoldo Alemán por el presunto lavado de dinero y delitos por montos aproximados a los 5 millones de dólares, a la vez que investigado por un fraude de 1,3 millones de dólares contra el estatal Canal 6 de televisión, las sospechas por actos de corrupción también involucran a funcionarios y ex ministros de ese gobierno. En este sentido, según encuestas, 80 de cada 100 nicaragüenses consideran que la de Alemán fue la administración "más corrupta" de la historia republicana de Nicaragua. Su sucesor, el vice presidente de entonces Enrique Bolaños pudo acceder al poder precisamente amparado en la bandera de la lucha sin cuartel contra la corrupción, pero tanto la población como los analistas juzgan que aun queda mucho por hacer en la materia. En diciembre pasado, la Asamblea Nacional aprobó el desafuero del ex presidente devenido legislador, quien permanece ahora con arresto domiciliario mientras se le sustancia el juicio pertinente. En cuanto a Bolaños pesan sobre él denuncias por el presunto giro de dineros públicos para su campaña electoral.

Honduras: No menos de 44 ex funcionarios hondureños son investigados por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que miembros de una Corte de Apelaciones fueron destituidos por la Corte Suprema por haber incurrido en supuesto soborno a uno de ellos por militares acusados de corrupción. Situado entre los países más corruptos del mundo por Transparencia Internacional, Honduras puso en marcha una serie de programas conjuntamente con la OEA y el BID, organismos que impulsan la adecuación de la legislación interna de los países americanos a la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas (Venezuela) que justamente en 2001 se reunió en Tegucigalpa. *

Costa Rica descendió diez puestos en el índice de corrupción mundial que elabora todos los años Transparencia Internacional (TI). Con un índice de apenas el 4.3, este país centroamericano comparte la casilla 50 con Grecia y Corea del Sur en un escalafón que incluye a 133 naciones.

Esta situación no sorprendió al analista político Francisco Barahona, quien sostiene que detrás de esa percepción está el hecho de que todavía no exista claridad alguna sobre las irregularidades con las contribuciones de la pasada campaña electoral. "En esa oscuridad es donde existe la sensación de que esos dineros no se dieron gratuitamente y que tarde o temprano se convertirán en favores para alguien."

Aunque las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en abril de 2002, todavía no se conoce el monto exacto de dichas donaciones, pues todas las semanas aparece un nuevo cheque a nombre de alguno de los candidatos. La legislación costarricense establece que los partidos políticos deben reportar todas las donaciones que reciben y no pueden aceptar aportes de extranjeros que no sean para capacitación política. También fija un monto máximo de 32.000 dólares para cada aporte privado.

La última de las denuncias involucró, incluso, al gobierno de Taiwan, que por medio de su embajada en esta capital, negó tener relación alguna con las contribuciones que en la última campaña electoral recibió el oficialista Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En un documento hecho público, los taiwaneses enumeraron los proyectos de cooperación que ha financiado su gobierno para después mostrar su preocupación por el desarrollo negativo de los sucesos en los últimos meses en torno a las referidas donaciones. También dejaron entrever su inquietud por los efectos negativos que esta situación podría tener sobre las relaciones de mutua confianza, los lazos diplomáticos fraternales, así como sobre las fructíferas relaciones de cooperación entre ambos países.

La comisión legislativa que investiga el financiamiento de la campaña había solicitado a la embajada de Taiwan información sobre el origen y la conformación de dos empresas que donaron medio millón de dólares a la campaña de Abel Pacheco. Para Barahona, es lamentable la falta de transparencia que existe en la función pública a la hora de la rendición de cuentas. "Se habla mucho del tema, pero la verdad es que nada de eso está incorporado a la Constitución Política o a nuestra legislación, todo está en la voluntad de los funcionarios. Lo peor es que la ciudadanía tampoco está acostumbrada a pedir cuentas, como en otros países. Acá si a alguien no le cierran las cuentas, no pasa absolutamente nada. La rendición de cuentas en Costa Rica es pura retórica y los diputados tampoco promueven los cambios para que esto sea diferente", sentenció.

Otros analistas consideran que la situación es grave, pero que ciertamente muestra algunas señales de mejoría, como demostró las recientes condenas de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en contra de seis miembros de la junta directiva y del gerente del Banco Anglo Costarricense (BAC).

El 14 de septiembre de 1994 el Consejo de Gobierno del presidente José María Figueres recomendó el cierre del BAC tras determinar que tenía pérdidas por 54,5 millones de dólares por la compra de títulos de deuda externa extranjera. En una de estas operaciones, registrada el 8 de junio de 1992, la junta directiva del banco autorizó comprar bonos de deuda externa extranjera hasta por 20 millones de dólares a la intermediaria Ariana Trading and Finance (ATF). En esta operación se pagaron sobreprecios por 2,28 millones de dólares y los certificados de depósito que ATF entregó para respaldar la operación resultaron falsos. En otra operación del 24 de mayo de 1993, la junta directiva autorizó la compra a ATF de la sociedad anónima Almacén de Valores Comerciales (AVC) y las subsidiarias Voltec y ABC Valores.

"Nunca antes los delitos de cuello blanco fueron castigados con tanta firmeza", comentó el politólogo Jaime Ordóñez. "Hasta entonces parecía que la justicia era para ciertos sectores, porque la impunidad era la regla cuando se trataba de dirigentes de los partidos mayoritarios. Siento que, a partir de este momento, empezaremos a ver más acciones penales que se traducirán en una mayor transparencia de los sistemas político y jurídico de nuestro país".

Explicó que uno de los aspectos más importantes de las sentencias es que no sólo se castigaba muy fuerte a quienes abusaron del dinero de los usuarios del banco, sino de quienes no tomaron las medidas necesarias para controlar lo que se hacía con ese dinero.

Sin embargo, la legislación costarricense establece una serie de atenuantes que favorecen el recorte de la pena, por lo que eventualmente podrían recuperar su libertad en cuestión de cuatro años. Como el año carcelario es de diez meses, la pena efectiva se reduce a diez años. Al cumplir la mitad de la sentencia, pueden solicitar un cambio de modalidad, como pasar a un centro, al que sólo deben acudir a dormir o firmar cada 15 días. *

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