BUENOS AIRES -- Una comisión de la Cámara de Diputados de Argentina resolvió el jueves que existen pruebas suficientes para proceder en el juicio político contra el juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor por supuesto mal desempeño de sus funciones.

La acusación contra Moliné O'Connor es el segundo capítulo de una cruzada del gobierno y el Congreso contra el tribunal, que tiene una pésima imagen entre los argentinos por los polémicos fallos de los últimos diez años que respaldaron impopulares planes económicos.

"La votación fue de 15 votos a favor y uno en contra", dijo a periodistas Ricardo Falú, diputado peronista que preside la comisión de juicio político.

Agregó que la comisión solicitó "ante el Senado la inmediata suspensión del doctor Moliné O'Connor, que deberá decidir el Senado". El magistrado recibió 15 acusaciones y fue citado para el 7 de agosto para presentar su descargo.

Entre los cargos por los que está acusado, figuran los de favorecer a una empresa contratista del Estado, anular una sentencia contra una empresa automotriz por contrabando de vehículos y suspender a un magistrado que investigaba maniobras de lavado de dinero de un empresario vinculado al gobierno.

Moliné O'Connor es el segundo juez de la Corte en ser investigado por la comisión.

El 27 de junio el entonces presidente de la Corte, Julio Nazareno, renunció a su cargo ante la presión de la comisión de juicio político, que lo acusaba hasta de cometer fraude contra el Estado por supuestamente cobrar un sobresueldo que no le correspondía.

La Corte Suprema posee una pésima imagen entre los argentinos, que creen que los jueces usaron políticamente su poder para perjudicar a los gobiernos que sucedieron al del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).

El ex mandatario elevó a principios de la década de 1990 el total de miembros de la Corte de 5 a 9, en una medida que fue interpretada como una jugada para asegurarse el apoyo del tribunal.

El presidente Néstor Kirchner, enemigo político de Menem aunque ambos son del partido peronista, asumió el poder en mayo y acusó a los jueces de la Corte de "mantener de rehén" con sus decisiones a todo el país.

Los fallos del tribunal hicieron tambalear el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde al cuestionar la base de su programa económico.

O'Connor dijo apenas comenzó la investigación en su contra en la comisión que no estaba en sus planes renunciar.

CNN-6 junio, 2003

BUENOS AIRES -- La comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de Argentian inició ayer el proceso para enjuiciar al presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, un día después de que el presidente Néstor Kirchner lanzara una fuerte ofensiva para apartar a los magistrados de la Corte Suprema, solicitando al Congreso que separe de sus cargos a "uno" o "varios" jueces.

La comisión declaró admisibles las nuevas denuncias presentadas contra Nazareno, quien enfrenta 12 pedidos de juicio político, la mayoría por "mal desempeño de sus funciones".

Nazareno, conocido como el principal aliado de Menem en la Corte Suprema, dijo el viernes que se "está socavando" a las instituciones, en alusión a la renovación que acaba de hacer el presidente Néstor Kirchner en los altos mandos militares y la policía federal.

"No se puede estar pensando permanentemente en descabezar a los poderes del estado", subrayó Nazareno, quien se resiste a renunciar o jubilarse, tal como le reclamó el presidente.

Sin nombrar a Kirchner, Nazareno agregó: "Se dijo que vamos a subir para fortalecer las instituciones, pero lo que menos se está haciendo es fortalecer las instituciones".

Nazareno es uno de los cinco miembros del más alto tribunal judicial que están bajo sospecha de favorecer con sus fallos a los gobiernos de turno y de estar bajo el ala política del ex presidente Carlos Menem, quien fue el que los designó.

"Firmaría todos los fallos de nuevo", dijo Nazareno.

Luego calificó como "un exabrupto" las palabras del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quien el jueves sostuvo que en la Corte hay jueces que "están emparentados con el delito y no con el servicio de justicia".

CNN-5 de junio, 2003

BUENOS AIRES -- El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Julio Nazareno, dijo el jueves que no se siente presionado por el enérgico ataque que lanzó el miércoles el presidente Néstor Kirchner, quien pidió al Congreso avanzar en un juicio político contra los magistrados.

Consultado por periodistas si pensaba renunciar tras las declaraciones de Kirchner, Nazareno respondió que el discurso "no me obliga a nada".

"Escuché atentamente al presidente Kirchner... Mi idea es, en primer lugar, ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación... a intercambiar opiniones con mis pares sobre este pronunciamiento", agregó Nazareno.

La Corte Suprema, compuesta por nueve miembros, tiene una muy mala imagen en la sociedad desde que se la acusó de parcialidad en fallos vinculados a las políticas del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).

Menem amplió a comienzos de su mandato de 5 a 9 la cantidad de ministros del alto tribunal y nombró a magistrados supuestamente cercanos a él.

Desde ese momento, para los medios locales y para la sociedad en general, la Corte Suprema pasó a ser sinónimo de corrupción y la frase usada para describirla es que existió una "mayoría automática" a favor de Menem.

Kirchner, quien compitió en la campaña electoral contra Menem, busca diferenciarse del ex presidente y siempre atacó al ex mandatario, que dejó el país salpicado por numerosos escándalos de corrupción.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es donde nace el proceso judicial para luego ser elevado al Senado, se encontraba reunida el jueves analizando las declaraciones del presidente.

"Muchas de las cosas que han ocurrido en la Argentina en los últimos años no hubieran ocurrido si no hubieran tenido la legitimidad formal que les daba el más alto tribunal de la república a través de una mayoría automática que tuvo para dar justicia nada más que para los poderosos", dijo a periodistas el diputado de la opositora Unión Cívica Radical, Carlos Iparraguirre, miembro de la comisión.

"Y creo que esto (el discurso de Kirchner) es las puertas que se abren para que podamos cambiar este criterio y que realmente haya justicia en la Argentina", agregó.

Nazareno, oriundo de la provincia de La Rioja como el ex presidente Menem, dijo que el tribunal responderá este jueves a las afirmaciones de Kirchner.

Opiniones de constitucionalistas

La semana pasada, Kirchner le había dado la opción a los jueces de renunciar o jubilarse, pero las veladas amenazas que recibió de parte del titular del alto tribunal, Julio Nazareno, desataron la reacción del mandatario.

Aunque podría interpretarse como un exceso de poder por parte del Ejecutivo, las declaraciones del mandatario fueron bien recibidas por expertos y constitucionalistas.

"Está muy bien que el presidente como un primer paso utilice la invocación al Congreso", dijo el constitucionalista Daniel Sabsay, al tiempo que acusó a Nazareno de apelar a la extorsión para mantenerse en su cargo.

La Corte Suprema tiene en sus manos algunas causas que podrían poner en jaque la economía nacional, como la posible reconversión a dólares de los depósitos bancarios pactados originalmente en esa moneda y que fueron convertidos a devaluados pesos por decreto del gobierno.

Esto multiplicaría las demandas impulsadas por miles de ahorristas que exigen la restauración en dólares de sus ahorros, lo que podría llevar a la quiebra a varios bancos y afectar en el mediano plazo el lento proceso de recuperación de la economía argentina tras cuatro años de aguda recesión.

La Corte Suprema también estaría demorando deliberadamente un fallo sobre la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que a fines de la década de los ochenta exculparon a centenares de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.

Las Fuerzas Armadas han presionado para que ambas leyes sigan en vigor.

El experto en temas constitucionales, Gregorio Badeni, opinó que "fue coherente con nuestra Constitución la posición del presidente, en orden a que los jueces sólo pueden ser removidos como consecuencia de un juicio político", aunque añadió que considera excesivo que Kirchner inste al Congreso a promover ese juicio.

En el mismo sentido, se expresó el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, que si bien sostuvo que "el Congreso tiene esta facultad y se supone que la va a ejercer", agregó que "no veo el porqué de la exhortación pública, eso demuestra que se ha instalado una confrontación entre los dos poderes".

La única voz abiertamente en contra fue la de la Asociación de Magistrados --que agrupa a funcionarios de alto rango del Poder Judicial-- que advirtió que la ofensiva del gobierno "genera una situación de incertidumbre que conmueve a la organización institucional de la República y constituye un avasallamiento a la independencia judicial".

Varios frentes

Kirchner, quien asumió el cargo hace 11 días, ya relevó a la cúpula de las fuerzas armadas y a varios comisarios de la policía federal, que junto con la Corte Suprema, implican tres frentes de posibles conflictos políticos para un presidente que asumió con sólo el 22 por ciento de los votos tras la renuncia de Menem a una segunda vuelta electoral.

"Es definitivamente un peligro. Parece estar generando tensión en varios frentes. Se está creando demasiados enemigos", dijo el analista político James Neilson.

El presidente, quien gobernó la provincia patagónica de Santa Cruz por 12 años, elevó al igual que Menem la cantidad de miembros de la Corte Suprema local y sus opositores aseguran que mantenía total control sobre las decisiones judiciales de ese distrito.

"Esto muestra que es un típico caudillo provincial, que habla un poco diferente al resto, pero que cuando alcanza el poder se comporta igual que ellos. Parece ser esa clase de persona que piensa que las personas que se le oponen son malos", agregó Nielson.

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