Las lanchas llegan a las lodosas orillas de Bellavista, el centro urbano del municipio de Bojayá, departamento de Chocó, en la costa del Pacífico. Llevan funcionarios gubernamentales y no gubernamentales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas, pero también numerosos sobrevivientes que regresan al humilde poblado por primera vez desde que huyeran hace un año, muchos todavía demasiado traumatizados como para quedarse.

Todos han llegado a conmemorar el primer aniversario de la muerte de más de 100 personas en la pequeña iglesia de la ciudad el 2 de mayo del 2002, y para hacer frente a un año de promesas rotas e impunidad que ha visto a numerosos oficiales del Ejército y comandantes paramilitares eludir la justicia.

Más de un año después de que un cilindro de gas propano cargado con explosivos, lanzado durante una batalla entre guerrilleros izquierdistas y paramilitares de derecha, matara a 119 habitantes de Bellavista al caer dentro de la iglesia donde se habían refugiado, poco se ha hecho para reparar las vidas de la población local o procurar justicia.

Esto a pesar de la promesa de US$3.3 millones —fondos que en gran parte no se han materializado— para aliviar la extrema pobreza, problemas sociales e inseguridad que plagan el municipio de Bojayá y otras comunidades de la región del Atrato Medio. La población de la región, la mayoría de ascendencia afrocolombiana o indígena, dice que no está mejor que antes y duda que su condición mejore en el futuro.

"Mucha gente está viniendo ahora, porque es el primer aniversario. Lo que no sabemos es si nos recordarán el próximo año, o si seremos otra vez olvidados", dijo un habitante de Bellavista.

También hay indignación porque no se ha llevado ante la justicia a los autores del crimen, o en algunos casos, ni siquiera se ha investigado. La Fiscalía General ha acusado a tres comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo insurgente que lanzó el artefacto. Sin embargo, estos líderes guerrilleros siguen libres.

Pero los paramilitares y miembros del Ejército identificados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Defensoría del Pueblo de Colombia como corresponsables de las muertes tampoco han sido acusados hasta el momento.

El ACNUDH sostiene que los paramilitares violaron el derecho humanitario internacional al usar civiles como escudos humanos tomando posiciones defensivas en medio de ellos. Igualmente responsabiliza a las fuerzas de seguridad del Estado por permitir el ingreso de paramilitares a Bellavista, no responder a advertencias previas de que una tragedia era inminente, no arrestar a varios paramilitares que permanecieron varios días en la región luego de la masacre, y de un ataque indiscriminado sobre una aldea cercana.

La no gubernamental Corporación Jurídica Libertad (CJL), que promueve los derechos humanos y representa a la comunidad de Bellavista en el proceso legal, asegura que el fiscal general ha pasado por alto evidencias que identifican directamente a comandantes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos un ex oficial de Policía, y que ignoró llamados a investigar a oficiales militares y policiales por su participación en lo que viene a ser un crimen de guerra.

"Estamos hablando de impunidad", dijo la abogada Liliana Uribe, de la CJL. "La Fiscalía General tiene el deber de investigar a todos los individuos involucrados, incluyendo guerrilleros, paramilitares y militares. Pasado un año, el fiscal general no ha hecho absolutamente nada".

El 21 de abril del 2002, ocho lanchas rápidas con 350 combatientes de las AUC fuertemente armados dejaron la ciudad portuaria de Turbo, departamento de Antioquia, para dirigirse a Bellavista y la comunidad vecina de Vigía del Fuerte, ambas bastiones de las FARC. En su ruta, la flotilla atravesó no menos de cuatro puntos de control del Ejército o la Armada.

Días después, el ACNUDH, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo emitieron advertencias a las fuerzas de seguridad sobre enfrentamientos inminentes entre grupos ilegales que con toda probabilidad impactarían a civiles. Las alertas fueron ignoradas, y en las primeras horas de la mañana del 1 de mayo, feroces combates estallaron en Bellavista, que se prolongaron hasta el día siguiente. Los combates impulsaron a 450 habitantes, casi la mitad de la población de la localidad, a buscar refugio en la iglesia.

Las fuerzas de seguridad dicen que la no detección de los centenares de efectivos paramilitares fue una omisión lamentable, pero defensores de los derechos humanos la califican como otro claro ejemplo de la colaboración estatal con los paramilitares.

En julio del 2002, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra seis oficiales militares de alto rango por presunto incumplimiento en sus funciones al no proteger efectivamente a la población de Bojayá. Entre ellos figuran el mayor general Leonel Gómez Estrada, entonces comandante de la Primera División del Ejército y el brigadier general Mario Montoya Uribe, entonces comandante de la IV Brigada con sede en Medellín.

Sin embargo, la Procuraduría carece de autoridad para acusar a funcionarios, y hasta el momento la Fiscalía no ha llegado a adoptar ninguna acción, lo cual lleva a muchos a creer que nunca se hará justicia.

El padre Antún Ramos, el joven párroco que soportó el ataque y a quien se atribuye haber conducido después a cientos de sobrevivientes a lugar seguro, se siente frustrado, como la mayoría de habitantes de la región, por un año de promesas rotas e impunidad.

"Lo menos que puede hacerse es abrir una investigación para identificar a los responsables", dijo Ramos. "La gente teme que los sucesos del año pasado puedan repetirse, porque los mismos actores armados ilegales están todavía en el área y los mismos riesgos prevalecen".