Aunque cada vez hay más mujeres en puestos de liderazgo en nuestro hemisferio, ciertamente su número permanece bastante bajo y lejos de los alcances conseguidos en otros ámbitos sociales. Esta conclusión, que data de 1997, llevó a la Conferencia de las Américas sobre el Liderazgo de la Mujer (Wlca por sus siglas en inglés) a que se propusiera como meta el propiciar las condiciones que permitieran incrementar la presencia y aporte de las mujeres en los cargos de responsabilidad, fomentar los cambios institucionales y políticas públicas que otorgaran mayores oportunidades a este sector de la población y fomentar iniciativas de carácter no gubernamental que potenciaran la igualdad de la mujer y facilitaran su acceso a las instancias de decisión.

Sin embargo, casi siete años después, son evidentes los obstáculos en el camino. La investigadora noruega Drude Dalherup ha identificado una gran cantidad de situaciones problemáticas que deben enfrentar las mujeres que están en minoría en una organización con mayoría masculina. La principal, podríamos señalar, es la alta exposición a la crítica. Asimismo, las mujeres en cargos públicos suelen ser consideradas como representantes de todas las mujeres y, por tanto, cuando cometen un error, suele generalizarse.

Cuota representativa

Otro problema es que la mayor parte de las decisiones y negociaciones se toman entre los hombres, cuyos lazos informales se basan precisamente en que son varones y comparten espacios, intereses, gustos, aficiones y amistades.

Las mujeres, además, no solo deben cumplir muchas veces con su rol de esposa y madre, sino también demostrar en todo momento su competencia para poder ser aceptada. A pesar de estas dificultades, cada día son más las que desean participar en política para demostrar que pueden ser una minoría muy crítica y eficiente. Y es que si bien las mujeres representan alrededor del 50 por ciento de la población mundial, en ningún país del orbe cuentan con semejante participación en la vida pública. Solo para citar un ejemplo, los congresos: De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, únicamente los de Ruanda y Suecia superan el 40 por ciento de representación femenina (48,8 por ciento y 45,3 por ciento respectivamente). En América Latina, el primer lugar lo ocupa Cuba (36 por ciento), seguido de Costa Rica (35,1).

La entrada en vigor de la ley de cuotas en algunos países de la región ayudó a que las cifras de mujeres en la gestión pública aumentara, pero si echamos para atrás unos 35 años, el porcentaje si acaso llegaba a un ocho por ciento. Argentina fue el pionero en establecer la ley de cuotas en 1991, a partir de ahí otros 13 países lo hicieron, entre los que figuran México, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Honduras.

Garantizando oportunidades

La doctora en ciencias sociales Jacqueline Peschard sostiene en una investigación sobre el sistema de cuotas en América Latina, que “no es suficiente que exista un sistema democrático, e incluso una tradición democrática, para garantizar mejores oportunidades para las mujeres”, como sucede con los casos de Chile y Uruguay, que no contemplan las cuotas dentro de su legislación y mantienen una escasa participación femenina en sus congresos. “Adicionalmente, puede afirmarse que la existencia de una cultura política democrática entre las propias élites, tampoco se traduce inmediatamente en una cultura de equidad”.

De hecho, en Uruguay se discutió el asunto de las cuotas en 1998, pero los legisladores las rechazaron por considerarlas inconstitucionales dado que contravenían el trato igualitario entre sexos, además de que resultaba conveniente que las mujeres se ganaran por sus propios méritos los cargos de elección.

La primera uruguaya en un equipo de gobierno fue Alba Roballo, llamada a desempeñarse como ministra de Educación y Cultura en 1968, a treinta años exactos de que la Constitución les extendiera el derecho al voto. Sin embargo, la representación de las mujeres en la política de este país ha sido tan esporádica, que en los ámbitos legislativos y con un crecimiento al ritmo de los años precedentes, habría que esperar al 2070 para ver la paridad entre hombres y mujeres.

Por períodos enteros, en la Cámara de Senadores (30 integrantes) no ha habido representación femenina, que es más frecuente, pero todavía escasea en la Cámara de Diputados (99 miembros), donde entre titulares y suplentes tiene participación una decena de legisladoras. Éstas integran un bloque que trabaja con dedicación y entusiasmo y que pasa por encima de las barreras partidarias a la hora de plantear cuestiones de género.

Nueva iniciativa proporcional

Se ha presentado un proyecto de ley que propone que toda lista de candidatos que se presente a un acto electoral (nacional, municipal o partidario) no podrá contener más de 70 por ciento de integrantes del mismo sexo”. Si bien el devenir histórico nos demuestra que las instituciones del Estado han sido consolidadas desde la perspectiva del género masculino, la evolución histórica y social del papel de la mujer conduce a variar también su participación en los ámbitos de decisión que en ese Estado se generan e interaccionan”, dice la exposición de motivos de la iniciativa, presentada en 2002 y no sometida aún a consideración de los órganos legislativos. Ese texto subraya que “la incapacidad de integrar en el ámbito de la democracia representativa a la mitad de los ciudadanos, es una de las contradicciones más claras de la democracia”, y reclama una participación femenina “proporcional a su peso efectivo en la población”.

En Chile, aunque las cifras indican que aún la participación de las mujeres en la administración pública no alcanza un real equilibrio con los hombres, en la última década éstas se han integrado plenamente a los equipos de gobierno, en especial al del Presidente Ricardo Lagos. El mandatario designó en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional a Soledad Alvear y Michelle Bachelet, respectivamente, las mismas que hoy, por su formación, desempeño, capacidad y carácter, se empinan en las encuestas como probables candidatas a la Presidencia de la República para el período 2006-2012.

Pese a lo radical de la decisión de Lagos, quien por primera vez en la historia del país designó a mujeres en dichas Secretarías de Estado, la ciudadanía recibió favorablemente a las ministras, olvidando el halo machista que caracteriza a la tradicional sociedad chilena.

Cargos de confianza

En el gabinete conformado por un total de 17 ministros, el mandatario incluyó a una tercera mujer, la titular de la cartera de Desarrollo y Planificación Social, Cecilia Pérez, así como a seis subsecretarias y 19 jefas de otras reparticiones públicas. En total, ellas representan el 25 por ciento relativo de los cargos de confianza del Presidente de la República. A las féminas cercanas al Jefe de Estado se suman una ministra y una fiscal de la Corte Suprema y siete presidentas de la Corte de Apelaciones. A nivel de administración local, 42 de los 341 municipios del país cuentan con una alcaldesa, y 308 de los 1.783 cargos de concejal son ocupados por mujeres

Si bien aquellas que se desempeñan en cargos de poder y decisión pública representan un avance sustancial en el intento por eliminar la desigualdad de género en el país, la participación real de la mujer en algunas áreas productivas, como la minería, agricultura, transporte y construcción, es mínima o inexistente. Actualmente 35 por ciento de la fuerza laboral femenina se concentra en el sector servicios.

En la actualidad, solo dos (4,3 por ciento) de los 48 escaños del Senado son ocupados por mujeres y, en la Cámara de Diputados 15 (12,5 por ciento) de 120. Según las estadísticas sobre género elaboradas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la representación femenina en el Senado chileno está por debajo del promedio mundial, que alcanza 9,8 por ciento, mientras que en la Cámara de Diputados, el guarismo supera levemente el 12 por ciento internacional.

Región de contradicciones

Centroamérica es una región pobre, agobiada por los desastres naturales y hasta por sus políticos. Si hubiese que calificar sus sociedades, no cabría más calificativo que el de machistas. Sin embargo, dos mujeres han tenido la oportunidad de ocupar el más alto cargo público, la Presidencia de la República: Violeta Barrios en Nicaragua y Mireya Moscoso en Panamá, convirtiéndose así en las únicas mujeres que han ganado un proceso electoral para alcanzar el poder. Las otras dos mujeres que han ocupado la jefatura de Estado, Isabel Perón en Argentina (1974-76) y Lidia Gueiler de Bolivia (1979-80), no fueron electas.

En el caso nicaragüense, la participación de las mujeres —quienes representan un 52 por ciento de la población total del país— en los niveles decisorios de los poderes del Estado ha crecido en las últimas dos décadas a un ritmo muy moderado, pero todavía gozan de menos cargos en la dirección de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, así como en los gobiernos municipales, departamentales y regionales.

Es a partir del surgimiento de la revolución sandinista en los años ochenta que el poder político comienza a ceder espacios a las mujeres y otorgado altos cargos de dirección en las diferentes estructuras. Por primera vez en la historia moderna una mujer ocupa la vicepresidencia de la Asamblea Nacional y también la jefatura de la policía. Las mujeres durante ese régimen de izquierda coparon puestos de ministro y de embajadores.

La era de la participación femenina

En 1990, Violeta Barrios de Chamorro fue elegida la primera mujer presidenta de Nicaragua, lo que dio comienzo a una era de mayor participación femenina y mayor lucha de ese sector por acrecentar los niveles de participación en las decisiones del Estado.

Hubo un momento en aquella década cuando tres mujeres ocuparon cargos en los principales poderes de Estado. Chamorro del ejecutivo; la conservadora Miriam Argüello, del poder legislativo; y la disidente sandinista Rosa Marina Zelaya, del electoral. Aunque el poder judicial era dirigido por un hombre, tenía y sigue teniendo un alto componente de jueces mujeres.

Actualmente, una mujer magistrada disputa la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya elección se ha atrasado por falta de consensos entre los dos principales partidos, el Frente Sandinista y el Liberal Constitucionalista, que dominan ese poder del Estado.

El caso de Guatemala es dramático, pues a las pocas mujeres que ejercen cargos públicos hay que añadirles su raquítica participación en actividades públicas. La falta de información, la ausencia de una campaña de sensibilización para ejercer su derecho a votar y ser electas y de documentos de identificación, han impedido el acceso de las mujeres guatemaltecas a los procesos electorales.

Los mismos partidos políticos las minimizan por considerar que éstas no tienen la capacidad para ejercer cargos importantes. Son vistas, en el mejor de los casos, como un botín generador de votos.

Según información de Mujeres Latinoamericanas en Cifras, en 1945 se otorgó por vez primera el derecho al voto a las mujeres de Guatemala, pero se excluyó a las analfabetas. Veinte años después, en 1965, se extendió el voto a todas las mujeres sin distinción.

La participación de las mujeres en la vida política de este país ha sido baja. Se estima que en los años 50 representaban el 35 por ciento de los registros electorales y en 1985 constituían casi el 40 por ciento de éstos.

En la historia del país, la presidencia y vicepresidencia nunca han sido ocupadas por una mujer. En 1983 fue designada por vez primera una mujer al cargo de ministra y, durante el período de 1986 a 1990, cinco mujeres ocuparon puestos de importancia en el Congreso.

En Honduras, la situación es bastante parecida. Pese a ser mayoría en la población, las mujeres cada vez tienen menos espacios de participación en la toma de decisiones trascendentales para la nación, ya que su presencia en cargos públicos o en las planillas electorales es exigua.

Según Gladis Lanza, presidenta del Movimiento de Mujeres por la Paz Vistación Padilla, pese a las promesas de campaña, los partidos políticos, dominados exclusivamente por los hombres, continúan mintiendo y fallándole a la mujer.

En la reciente celebración del Día de la Mujer en Honduras, el 25 de enero varias organizaciones feministas realizaron una marcha de protesta por las calles de las principales ciudades del país exigiendo una ley que les asegurara el 50 por ciento de todos los cargos de elección popular para los próximos comicios generales previstos para finales de noviembre del 2005.

Pese a que existe una ley que asegura a la mujer el 30 por ciento de todos los cargos que se definen en las urnas, una “interpretación” de última hora por parte de los líderes de los principales partidos políticos dio como resultado que en lugar de mejorar su participación en el Congreso, más bien ésta se vio disminuida en la presente legislatura en comparación con la anterior.

En el cuatrienio legislativo 1998-2002, de los 128 diputados había 15 mujeres, pero en el actual, correspondiente al período 2002-2006, su presencia se redujo a solo nueve.

Lanza aseguró que las organizaciones femeninas podrían “boicotear” las próximas elecciones y no acudir a las urnas si no se les asegura una participación equitativa en la lucha por puestos electorales.

Según las estadísticas oficiales, de los 600 cargos importantes del gobierno, apenas 40 están ocupados por mujeres. En las 15 secretarías de Estado, asimismo, solo dos están a cargo de mujeres. Entre los 128 diputados del Congreso, solo nueve son mujeres. También solo 27 puestos de las 298 municipalidades del país son desempeñados por mujeres.

En Costa Rica, una mayor participación social de las mujeres tampoco ha tenido una traducción paralela en su presencia en las instituciones políticas, si bien cuentan con 20 representantes en la Asamblea Legislativa. Asimismo, en la Administración de Justicia cuentan con una importante base del sistema, no así en la Corte Suprema.

Esta circunstancia (participación en la base, ausencia o presencia mínima en la cúspide) es la norma general de la condición femenina en el sistema sociopolítico de Costa Rica, así como en casi toda América Latina.

Ciertamente, las mujeres han tenido que luchar mucho para superar los prejuicios y estereotipos culturales que de una u otra manera se traducen en una abierta discriminación. Los gobiernos tampoco hacen mucho para que puedan compatibilizar familia y trabajo, por lo que muchas madres nunca llegan a pensar siquiera en la posibilidad de asumir nuevos roles en su vida, como el de la política. Esto es así, según expone el analista político Manuel Rojas, porque la política está diseñada por y para los hombres y la única forma de que las mujeres puedan incursionar en ella es demostrando que son tan buenas como los varones. “Desde luego, ellas deben conseguirlo compaginando sus demás roles, algo que los hombres no están obligados a hacer porque ahí está su mujer”.

Rojas lamentó, sin embargo, la insistencia de las mujeres de hacer política imitando el estilo de los hombres, pues muchas pierden mucho del caudal que pueden aportar a la práctica. “En esto está claro que la institucionalidad determina en mucho el comportamiento de las personas, así que una mujer que llega al Congreso o a un ministerio, rara vez intenta hacer las cosas a su manera”.

Finalmente, aplaudió el esfuerzo de aquellas que procuran poner su granito de arena por la equidad de género, pero recordó que así como existen personas comprometidas con ciertas luchas, existen muchas más de su propio sexo que se les oponen.

“Podríamos decir que no es suficiente ser mujer para asumir una posición consecuente con su propio género. A veces son los hombres quienes apoyan más ciertas iniciativas a favor de las mujeres, aunque parezca contradictorio”.u

Colaboraron en esta investigación: José Ripoll (Uruguay), Alejandra Cassino (Chile), Isidro López (Nicaragua), Julio Medina (Honduras) y Alexandra Farfán (Colombia).
Maria Díaz de Vivar

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